Programa Regional

La región de América Latina y el Caribe ha alcanzado grandes avances en materia de derechos humanos, consolidación de la democracia y fortalecimiento de la sociedad civil. Los niveles de pobreza extrema han logrado reducirse en varios países y se ha avanzado en el acceso a la educación, la disminución de la mortalidad infantil y la igualdad de género.

No obstante, sigue siendo la región con mayores desigualdades en el mundo. Existen grandes diferencias entre países y entre grupos poblacionales. El 33.6% de su población vive en la pobreza y el 13.4% en la pobreza extrema, que se concentra particularmente en las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Especialmente para estos grupos, el acceso a los servicios básicos, a la salud y a la salud reproductiva, es muy precario y responde con frecuencia a prácticas discriminatorias. Cerca de 218 millones de personas están excluidas de los sistemas de seguridad social y entre el 20% y el 70% de la población no puede hacer uso de los sistemas de salud cuando lo requiere. El origen étnico sigue siendo un obstáculo para acceder a servicios de calidad que tengan como base los derechos.

La salud reproductiva -es una piedra angular para lograr el desarrollo y la disminución de la pobreza- sigue viéndose, en muchos de los casos, como un elemento tangencial. Las metas relacionadas con la salud reproductiva son las que presentan menos avances. Entre las poblaciones más pobres, con menos educación, indígenas o afrodescendientes, persiste una importante demanda insatisfecha de anticonceptivos, un alto número de embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, muerte infantil y materna, al igual que abandono escolar y desventajas marcadas por el género, como lo son las mayores dificultades para tener acceso al trabajo remunerado dentro de la economía formal.

En materia de VIH, el Caribe es la segunda región más afectada después de África subsahariana. No obstante estas circunstancias, temas como la educación sexual para los jóvenes, la prevención del VIH o la anticoncepción de emergencia, generan fuertes polémicas; y las nuevas políticas de salud reproductiva se enfrentan a múltiples obstáculos para ser implementadas y traducirse en servicios reales para los individuos.

Más de un tercio de las mujeres ha sido víctima de abusos sexuales, casi la mitad ha sido amenazada por su pareja y el creciente número de feminicidios se ha transformado en una preocupación regional. Hasta ahora, no se ha logrado abordar la violencia de género desde una perspectiva amplia e integradora, ni garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia.

Por otro lado, la población atraviesa por un proceso de transición demográfica caracterizado por el incremento en la proporción de adolescentes y jóvenes y el creciente envejecimiento. Estos cambios en la estructura poblacional representan una gran oportunidad de desarrollo, pero que sólo podrá capitalizarse a través de acciones eficaces e inversiones estratégicas. Entre ellas, la mayor inversión y atención en las necesidades de trabajo, educación y salud reproductiva de los jóvenes, así como la consideración del impacto del envejecimiento de la población en los sistemas de seguridad social.

La cifra de migrantes internacionales se ha incrementado de manera significativa del año 2000 a la fecha. En países como El Salvador, casi un sexto de la población ha emigrado y en Granada y las Antillas Holandesas lo ha hecho más de la mitad. Debido a las remesas, la migración representa una importante fuente de recursos para muchas familias de América Latina y el Caribe, pero, al mismo tiempo, quienes migran -especialmente las mujeres- se ven expuestos a situaciones de riesgo y transgresiones a sus derechos.

La creciente migración interna hacia las ciudades ha transformado a la región en la más urbanizada del mundo en desarrollo. Más del 75% de la población vive en núcleos urbanos en los que se concentran grandes zonas marginadas. Nuevos asentamientos de poblaciones pobres se ubican en áreas de alto riesgo donde la vulnerabilidad es muy alta y las condiciones muy precarias.

Asimismo, América Latina y el Caribe es una región muy expuesta a fenómenos naturales susceptibles de provocar grandes desastres. La frecuencia de estos es una de las causas de la volatilidad económica de muchos países del Caribe.

Con base en un profundo análisis del contexto político, económico, social y cultural de la región, y tomando en cuenta su complejidad, UNFPA desarrolló un conjunto de estrategias regionales a aplicar en sus áreas temáticas principales. Estas estrategias son el eje central del Plan de Acción del Programa Regional y están en línea con el Plan Estratégico 2008-2011. Su objetivo es colocar los asuntos de población y desarrollo, salud y derechos reproductivos e igualdad de género, como puntos medulares de las agendas de desarrollo a nivel nacional y regional.

Las estrategias

Población y desarrollo

Se tiene por objetivo, fortalecer las capacidades para tomar en cuenta e integrar la dinámica poblacional -a nivel nacional, subnacional y sectorial- en las políticas, programas y esquemas de inversión para abatir la pobreza.

Las acciones se centran en:

  • El aprovechamiento del bono demográfico, con énfasis en la atención a los derechos y necesidades de los jóvenes y el impacto del envejecimiento.
  • Las inequidades basadas en la edad, discapacidad, el origen étnico, el género u otros factores.
  • La migración, la urbanización y la reducción de la pobreza.
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Su aplicación se basa en alianzas entre los sectores gubernamentales, académicos, internacionales y de la sociedad civil, en la cooperación Sur-Sur, advocacy y la sistematización de buenas prácticas. Así como en la capacitación en metodologías innovadoras y el fortalecimiento, mejora y estandarización de herramientas clave para conocer con mayor amplitud y entender las dinámicas poblacionales.

Salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos

Para hacer posible el acceso universal a la salud reproductiva para el 2015, como lo estipulan los ODM, el Plan de Acción refuerza la promoción, protección y cumplimiento de los derechos reproductivos de las parejas y los individuos a través de políticas, programas y servicios de alta calidad.Para ello, las estrategias se centran en varios puntos:

  • El fortalecimiento de las capacidades nacionales en el aseguramiento de insumos para la salud reproductiva así como para la prevención del VIH.
  • Incremento del conocimiento de los derechos reproductivos -en particular entre las mujeres, los jóvenes, las personas desplazadas, los migrantes, las personas con discapacidad o viviendo con VIH-; así como de la demanda de servicios de salud reproductiva de calidad, atendidos por personal capacitado, con elementos para enfrentar emergencias obstétricas y con un enfoque de derechos humanos y sensibilidad cultural -especialmente en el caso de comunidades indígenas, poblaciones vulnerables y grupos afectados por la muerte materna.
  • Atención adecuada y oportuna en el caso de emergencias humanitarias que tome en cuenta las necesidades de salud reproductiva y de prevención de VIH e ITS, así como atención a las situaciones de violencia de género y violencia sexual.
  • La mejora de los servicios de prevención de VIH e ITS, particularmente entre mujeres, jóvenes y grupos marginados.
  • La atención de las necesidades y derechos reproductivos de los jóvenes, a través de información, consejería y servicios amigables; y de educación de la sexualidad integral entre adolescentes y jóvenes escolarizados y no escolarizados.
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Todo ello apoyado por:

  • La generación y utilización de información y herramientas basadas en investigación y evidencia.
  • La consolidación y reproducción de prácticas exitosas.
  • Las alianzas entre los diferentes actores nacionales e internacionales.
  • Identificación de obstáculos, diálogo y generación de redes de advocacy.
  • La promoción de inversión y fortalecimiento de capacidades.
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Derechos humanos e igualdad de género

En esta área, se busca favorecer la integración de la equidad de género y los derechos reproductivos en el desarrollo de políticas, programas, esquemas de inversión y planes de contingencia, a nivel regional, subregional y nacional; el fortalecimiento de mecanismos que aseguren su cumplimiento; la vinculación entre los derechos reproductivos, el empoderamiento económico de las mujeres y la reducción de la pobreza; y la atención, prevención y acceso a la justicia -con un enfoque integral- de la violencia sexual y basada en el género.

El trabajo comprende:

  • El fortalecimiento de la labor de advocacy a través de amplias redes y la creación de observatorios que permitan monitorear los avances en el área y el cumplimiento de acuerdos y convenios internacionales.  
  • La creación y promoción de estrategias basadas en los derechos y con enfoque de sensibilidad cultural.
  • El fomento de la mayor participación de los hombres -adolescentes, jóvenes y adultos- en la salud sexual y reproductiva al igual que en la prevención del VIH y de la violencia basada en el género.
  • La generación y sistematización de información que permita entender mejor aspectos como los derechos humanos y las poblaciones migrantes o la magnitud de la violencia basada en el género.