Los datos se basan en encuestas de hogares basadas en la población y representativas a nivel nacional o subnacional.
Shira Miguel tiene muy claro qué es lo que perpetúa la violencia sexual, incluido el silencio que rodea el tema y que hace tan difícil que las sobrevivientes busquen ayuda y reciban justicia.
Cuando evitamos hablar sobre la sexualidad de las mujeres y las niñas, porque lo consideramos vulgar o nos faltan las palabras, explica, “estamos diciendo que es un tema que no se puede tocar. Es como la antesala que prepara el abuso, pero también prepara y acondiciona el silencio”.
Shira es directora del Movimiento de Mujeres Nidia White, que se dedica a promover y proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas indígenas y afrodescendientes de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Bautizada con el nombre de una joven activista de Puerto Cabezas que fue asesinada en la década de los ochenta, la organización promueve la igualdad de género fomentando oportunidades económicas y el acceso a servicios, y creando conciencia sobre la violencia de género.
Ella comienza a volver a creer que, pese al abuso, es una persona que tiene el derecho a concebir y visualizar un mundo mejor en el que no tenga que sufrir ningún abuso más.
El Movimiento Nidia White administra el albergue La Esperanza, respaldado por el UNFPA, en Puerto Cabezas. Este es el único albergue para sobrevivientes de violencia de género de la región, y alberga a niñas, adolescentes y mujeres que han sufrido violencia sexual, física o psicológica. La mayoría de las residentes del albergue son niñas adolescentes de las comunidades rurales circundantes.
“Las niñas están en calidad de residentes en el albergue cuando son referidas por el Ministerio de la Familia o por la policía, cuando se hace algún tipo de denuncia sobre violencia física, violencia sexual”, señala Shira. El albergue también coordina con wihtas, o jueces comunitarios, quienes trabajan para prevenir y resolver conflictos en comunidades indígenas de regiones rurales remotas, donde los sistemas judiciales son, en gran medida, inaccesibles. Estos jueces están capacitados para promover y hacer cumplir la Ley 779 de Nicaragua, que tipifica la violencia contra las mujeres como delito.
El albergue La Esperanza ha experimentado un aumento de la demanda durante la pandemia de COVID-19. En Nicaragua, como en otros lugares, los efectos de la crisis —interrupciones de servicios, tensión económica, aislamiento social— han exacerbado las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos preexistentes, y han provocado un recrudecimiento de la violencia de género.
“Tenemos que reconocer que la violencia también es una pandemia”, señala Lídice Chávez de Voces Caribeñas, una organización de mujeres que se moviliza contra la desigualdad de género y el racismo.
Ambas pandemias están repercutiendo de forma desproporcionada en las poblaciones más vulnerables de Nicaragua, incluidas mujeres y niñas de comunidades afrodescendientes e indígenas, en particular aquellas que se encuentran en áreas remotas y rurales, así como personas LGBTQI+.
Las alianzas con organizaciones locales de la sociedad civil son fundamentales para abordar la violencia de género de una manera que garantice la adaptación de los servicios para llegar a estas comunidades y la protección de sus derechos humanos. En Nicaragua, conjuntamente con Voces Caribeñas y el Movimiento de Mujeres Nidia White, el UNFPA colabora con la Red Trans de Nicaragua y la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.
Estas organizaciones de la sociedad civil dirigen programas respaldados por el UNFPA a través de los cuales se alberga y cuida a sobrevivientes en La Esperanza y en otros albergues; se garantiza que las niñas y adolescentes sobrevivientes continúen recibiendo educación; se proporciona atención de salud mental; se facilita el acceso a la justicia brindando apoyo jurídico; y se distribuye información tanto sobre la COVID-19 como sobre la violencia de género.
de las niñas y mujeres de entre 15 y 49 años en Nicaragua han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en 2012
que mide la desigualdad entre mujeres y hombres en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado laboral
El albergue La Esperanza se enfoca en la recuperación, y ofrece un lugar donde las sobrevivientes pueden sentirse seguras y respaldadas.
“Las personas llegan aquí sin ninguna esperanza”, indica Rin Leondra Mayorga del Movimiento Nidia White. “Es importante que sepan que hay gente que se preocupa por ellas y las apoya para que no se sientan solas”.
El enfoque del albergue enfatiza el autocuidado y la seguridad personal, así como la reconstrucción de la autoestima y la percepción de la integridad corporal de las sobrevivientes. A través de talleres y diálogos, las residentes del albergue aprenden sobre sus derechos humanos y cómo reclamarlos, por ejemplo, cómo denunciar abusos. El albergue también ofrece actividades relacionadas con el arte y la elaboración de joyería, y cuenta con una escuela para que las niñas y adolescentes puedan continuar con su educación mientras se recuperan.
Si bien todas las residentes del albergue La Esperanza han experimentado violencia sexual, física o psicológica, sus circunstancias particulares varían mucho, por lo que el tratamiento que reciben para ayudarlas a recuperarse física y psicológicamente se adapta a sus necesidades.
Shira explica que los esfuerzos del albergue para reconstruir el sentido de autoestima de las sobrevivientes, así como su capacidad para defenderse, son una especie de prevención. Ella desea que todas las sobrevivientes sepan que, a pesar del abuso que han sufrido, “[a la niña] seguís siendo humana, y tu cuerpo sigue íntegro. Entonces, ese cuerpo íntegro no puede permitir que lo vuelvan a abusar”.
La persona que ingresa aquí debe irse con alguna esperanza de poder recuperarse
