Las Mujeres de Amak: Justicia para las Sobrevivientes de violencia Basada en Género en Áreas Rurales

BOSAWAS, NICARAGUA– “Me golpeaba cada vez que llegaba ebrio a casa”, dijo Elena Talavera, una mujer de la remota comunidad indígena de Amak, en Nicaragua.

Los Amakis se encuentran anidados en el corazón de Alto Wangki y Bocay, la reserva natural más grande de América Central. Al igual que en muchas comunidades indígenas, las mujeres y las niñas de Amak asumen la mayor parte de las responsabilidades familiares. Y con demasiada frecuencia, su difícil situación se extiende más allá de la distribución desigual del trabajo doméstico. Muchas mujeres también están sujetas a la violencia basada en género.   

La señora Talavera fue una de las primeras mujeres en detener el ciclo de violencia en su comunidad. A pesar de que el tribunal más cercano estaba a una distancia de más de un día de viaje, ella decidió denunciar a su esposo ante las autoridades.  

Sin embargo, temía que ni esto pudiera garantizar su seguridad.

“Cuando llegó la policía, temía por mi vida,” dijo ella. “No sabía lo que iba a suceder. En ese momento fue que decidí dejarlo para siempre.”

Ampliando el alcance de la justicia

Para muchas mujeres como la señora Talavera, la justicia y la seguridad eran conceptos distantes a su realidad. Presentar informes e investigar denuncias de delitos, a menudo era prohibitivamente difícil. Los casos tenían que ser reportados a la policía de San Andrés, a más de una hora de distancia en barco. Luego, los casos eran referidos a la policía de Wiwili, a una distancia de otras 12 a 18 horas, dependiendo del nivel del agua, mientras que los casos graves, eran referidos a Jinotenga, a cinco horas en automóvil.

En respuesta a estas condiciones, las Naciones Unidas inició un programa en agosto del 2012 para empoderar a las mujeres y disminuir la inseguridad en Alto Wangki y Bocay.

Con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia y el Sistema de Justicia Indígena, el programa seleccionó a 52 jueces comunitarios, mejor conocidos como wihtas. Los jueces trabajan para prevenir y resolver conflictos en regiones rurales y remotas donde los sistemas judiciales eran sumamente inaccesibles.

Los jueces son capacitados especialmente para promover y aplicar la Ley 779 de Nicaragua, la cual tipifica a la violencia contra la mujer como un crimen. El texto de esta ley ha sido traducido a Miskitu y a Mayagna, dos idiomas indígenas de la región.

UNFPA es la agencia líder en la ejecución de este programa, trabajando de cerca con la Secretaría para el Desarrollo de la Costa del Caribe y el Gobierno de Nicaragua, al igual que con agencias aliadas como el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Organización Internacional para las Migraciones.  

Cada vez más mujeres están denunciando el abuso, y están compartiendo sus historias para alentar a otras a buscar ayuda.

Erlinda Bolaños, una sobreviviente de violencia domestica, le contó a UNFPA sobre la violencia que ella soportó. “Tuve una discusión fuerte con mi esposo, y el comenzó a golpearme una y otra vez. Luego me trato de atacar con un machete.”

No fue un incidente aislado. “Sucedió una y otra vez,” dijo ella.

Pero bajo el nuevo sistema de los wihtas, ella interpuso una denuncia, y su esposo fue arrestado.

Más trabajo por hacer

Queda mucho más trabajo por hacer. Por ejemplo, se deben establecer espacios seguros para las víctimas de abuso y sus familias.

Y el programa de la ONU también está trabajando para mejorar la producción agrícola, la seguridad alimenticia, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, el desarrollo sostenible, y los recursos para los jóvenes y los adolescentes de las comunidades indígenas.

Pero el programa – el cual tiene wihtas atendiendo en 64 comunidades indígenas – ha sido un primer paso muy poderoso en la promoción de los derechos humanos y de desarrollo.

“Ahora las mujeres están empoderadas porque tienen sus derechos, y los conocen muy bien,” dijo Gregorio Pineda, un juez de la comunidad de Amak. “Este es el primer paso hacia la justicia.”

La señora Bolaños dice que le ha ayudado a recuperar la confianza de las mujeres de la comunidad. “Ahora nos sentimos seguras porque están respetando nuestros derechos y ya nadie nos puede lastimar,” dijo ella.