El matrimonio infantil niega el derecho de las niñas a elegir con quién y cuándo quieren casarse, una de las decisiones más importantes de su vida. La elección de la pareja es una decisión muy importante que debe tomarse con total libertad y sin miedo ni coacción.

Muchos acuerdos internacionales prohíben el matrimonio infantil, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo que tuvo lugar en 1994 también instó a los países a eliminar el matrimonio infantil.

El matrimonio infantil es a la vez síntoma y resultado de desigualdades de género profundamente arraigadas y de normas y estereotipos de género restrictivos. El matrimonio infantil afecta sobre todo a las adolescentes de los hogares más pobres y de las zonas rurales y con menos acceso a la educación, lo que refleja un desequilibrio social más amplio en el que las niñas suelen ser vistas como una propiedad o inferiores a los niños y los hombres.

El matrimonio infantil es un grave obstáculo para lograr la igualdad de género en todo el mundo. Priva a las adolescentes del disfrute de sus derechos humanos, descuida su autonomía corporal, las priva de autonomía y bienestar económico y las expone al riesgo de embarazos en la adolescencia y de violencia de género. 

Los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas han acordado poner fin al matrimonio infantil para 2030 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La meta 5.3 de los Objetivos pretende eliminar prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina para 2030.

Abordar el matrimonio infantil requiere enfoques transformadores en materia de género, incluida la lucha contra las normas sociales, los estereotipos de género, las relaciones de poder y los roles de género perjudiciales.

El matrimonio infantil supone un riesgo directo para la salud y el bienestar de las niñas. Es frecuente que al matrimonio le siga un embarazo, aun cuando la niña no esté física ni mentalmente preparada. En los países en desarrollo, la mayoría de los partos en adolescentes se producen dentro del matrimonio o de una unión. En estos países, las complicaciones derivadas del embarazo y el parto son una de las principales causas de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años.

Las niñas casadas también tienen mayores probabilidades de quedar expuestas a infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH, y a violencia física y sexual por parte de su pareja. Al contraer matrimonio, las niñas son forzadas a menudo a abandonar la escuela para que puedan hacerse cargo de las responsabilidades del hogar. Las niñas que abandonan la escuela gozan de peor salud y situación económica que las que continúan sus estudios. Estas desventajas a menudo se extienden a sus hijos, perpetuando un ciclo de pobreza y desigualdad de género.

El matrimonio infantil es el resultado nocivo de la desigualdad económica y de género. Las niñas que contraen matrimonio a una edad temprana tienden a recibir un menor nivel de educación y a vivir en zonas rurales. Muchos padres en situación de pobreza creen que el matrimonio asegurará el futuro de sus hijas por el simple hecho de garantizarles otra familia que se ocupe de sus cuidados. Esta creencia también es frecuente en situaciones de crisis humanitaria, en las que muchos padres temen no poder ofrecer protección a sus hijas ni cuidar de ellas. Algunos creen erróneamente que el matrimonio protegerá a sus hijas del embarazo fuera del matrimonio y de la violencia sexual, una práctica que se acentúa en períodos de crisis.

Otros padres consideran a sus hijas una carga o una mercancía, una percepción que se agrava en tiempos de crisis. En aquellos lugares donde la familia de la novia paga una dote a la familia del novio, esa dote es típicamente de menor cuantía en el caso de las novias más jóvenes, lo que genera un incentivo para que los padres casen a sus hijas a edad temprana. Por el contrario, en aquellos lugares donde la familia del novio paga por la novia, los padres que atraviesan dificultades económicas ven en el casamiento de sus hijas una fuente de ingresos.

El matrimonio infantil suele ser el resultado de la limitación de oportunidades, una consecuencia de la desigualdad de género y la falta de derechos de las niñas. Cuando las niñas tienen capacidad de actuación y están realmente empoderadas, es mucho más probable que se casen más tarde.

Los índices mundiales de matrimonio infantil se van reduciendo lentamente. Los datos recientes muestran que en los últimos 25 años se han evitado 68 millones de matrimonios infantiles. Hacia el año 2000, una de cada tres mujeres de entre 20 y 24 años informó que se había casado cuando aún era niña. La cifra en 2021 era de alrededor de una de cada cinco mujeres.

No obstante, los avances han sido desiguales y el matrimonio infantil no disminuye lo suficientemente rápido. Debido al crecimiento de la población en las regiones en que prevalece el matrimonio infantil, así como a las repercusiones socioeconómicas de la COVID-19, se prevé que para 2030 aumente el número total de matrimonios infantiles en el mundo. Para cambiar esta tendencia debemos acelerar nuestras acciones para poner fin al matrimonio infantil.

El costo de poner fin al matrimonio infantil podría ser sorprendentemente asequible. En 2019, el UNFPA publicó un estudio conjunto con la Universidad Johns Hopkins, en colaboración con la Universidad Victoria, la Universidad de Washington y Avenir Health, en el que se evaluaba el costo para poner fin al matrimonio infantil en 68 países que representan alrededor del 90% de casos de ese tipo de matrimonio. Los investigadores concluyeron que poner fin a esta práctica en dichos países de aquí a 2030 supondría solo 35 mil millones de dólares; unos 600 dólares por cada niña casada. 

Deben aplicarse las leyes vigentes contra el matrimonio infantil, especialmente cuando las niñas en riesgo de contraer matrimonio infantil, o que ya están casadas, buscan protección y justicia. En todo caso, la edad legal para contraer matrimonio debería elevarse a los 18 años sin excepciones. No obstante, las leyes sólo proporcionan el marco para la acción contra el matrimonio infantil. Es poco probable que las prácticas que las personas consideran aceptables desaparezcan sólo debido a la promulgación de leyes. Abordar las arraigadas normas sociales de género que consienten el matrimonio infantil requiere cambios sociales más amplios para erradicar por completo esta práctica.

Los gobiernos, la sociedad civil y otros asociados deben aunar sus esfuerzos para garantizar que las niñas tengan acceso a una educación de calidad, oportunidades económicas y medios de subsistencia, información y servicios sanitarios, educación sexual integral y formación en aptitudes para la vida. Las niñas que son capaces de permanecer en la escuela y mantenerse sanas disfrutan de un abanico más amplio de opciones y es más probable que puedan evitar el matrimonio infantil. 

También es muy importante que las niñas que ya están casadas o en pareja reciban apoyo. Estas niñas necesitan servicios de salud sexual y reproductiva con el fin de evitar embarazos precoces e infecciones de transmisión sexual, como el VIH. A aquellas que queden embarazadas se les debe facilitar el acceso a cuidados adecuados durante todo el período de gestación, parto y posparto y, en caso de que así lo requieran, se les debe apoyar para que regresen a la educación formal o no formal y que estén protegidas contra otras formas de violencia y coacción.

En su conjunto, todas estas medidas se traducirán en mayor autonomía corporal para las niñas, que ejercerán mayor control sobre sus vidas, así como en familias más sanas y con mayores niveles de igualdad de género, lo que a su vez dará lugar a sociedades más fuertes y economías más dinámicas. Ninguna sociedad puede permitirse enfrentar la pérdida de oportunidades, el desperdicio de talento o la devastación personal que causa el matrimonio infantil.

El UNFPA asume el compromiso de ofrecer soluciones concretas y basadas en pruebas al matrimonio infantil, haciendo hincapié en esfuerzos transformadores en materia de género que puedan ampliarse, mantenerse y arrojar resultados medibles. El UNFPA colabora con gobiernos y asociados de la sociedad civil en todos los niveles con el propósito de promover y proteger los derechos humanos de las adolescentes, lo que incluye ofrecer asistencia en el desarrollo de políticas, programas y servicios de salud sexual y reproductiva, de género y orientados a las y los jóvenes, y para transformar los estereotipos y las normas de género con el objetivo de poner fin a la práctica del matrimonio infantil.

El UNFPA trabaja en más de 66 países promoviendo programas centrados en las adolescentes para dotarlas de habilidades y recursos sociales, sanitarios y económicos que les permitan hacer una transición sana y segura a la edad adulta. Estos programas las empoderan para afrontar los retos, tomar decisiones fundamentadas y participar activamente en sus comunidades como jóvenes independientes.

El Programa Mundial UNFPA-UNICEF para Poner Fin al Matrimonio Infantil es la iniciativa multinacional emblemática de las Naciones Unidas que demuestra el poder de las alianzas mundiales y las intervenciones selectivas para ampliar los servicios que responden a las necesidades de las adolescentes, involucrar a los gobiernos y las comunidades, transformar las normas y los estereotipos de género perjudiciales y empoderar a las adolescentes para que conozcan y ejerzan sus derechos humanos, incluido su derecho a elegir, como personas adultas, si quieren casarse, cuándo y con quién.