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50 años de la declaración de la planificación familiar como un derecho humano básico
- 11 de mayo de 2018
NACIONES UNIDAS, Nueva York - El mundo declaró, el 13 de mayo de 1968, que la planificación familiar es un derecho fundamental.
A lo largo de la historia de la humanidad, los esfuerzos para planificar, evitar o retrasar el embarazo han sido una lucha privada que sufren mujeres y niñas. Hoy, esos desafíos cambiaron. En la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de 1968, la planificación familiar se convirtió en una obligación de derechos humanos para todos los países, gobiernos y legisladores.
El documento final de la conferencia, titulado la Proclamación de Teherán, declara inequívocamente que: "Los padres tienen el derecho humano básico de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos".
Luego de esta declaración , se inició una toma de conciencia: las mujeres y las niñas no tienen que sufrir el agotamiento ni el peligro de embarazos demasiado numerosos y muy juntos. Los hombres y las mujeres tienen el derecho de elegir la frecuencia de la crianza de los hijos, o incluso renunciar a ella. Todo individuo tiene derecho a determinar la dirección y el alcance de su futuro.
Después de 50 años, este derecho está bajo amenaza.
En muchas comunidades, se realizan esfuerzos para limitar la educación en planificación familiar y restringir la variedad, y disponibilidad de métodos anticonceptivos para evitar su acceso a las mujeres y los jóvenes. En algunos lugares este derecho no se practica simplemente por la falta de información y servicios de planificación familiar.
La desinformación sobre la planificación familiar es abundante y mortal. En el Líbano, una refugiada siria dijo que su esposo le prohibió usar métodos anticonceptivos, por creer que causan infertilidad. Como resultado, ella dijo, "tuve embarazos consecutivos. Me causaba deficiencia de hierro y calcio y debilitaba mucho mi cuerpo".
Ella no es la única. El embarazo es un multiplicador de los riesgos para la salud, y los países con las tasas más altas de fecundidad a menudo tienen cifras altas de mortalidad materna.
El derecho a la planificación familiar, debe ser una opción disponible universalmente. El UNFPA y la Organización Mundial de la Salud han reconocido nueve estándares que deben respetarse en cada comunidad, para cada individuo.
Nueve estándares para ejercer el derecho humano a la planificación familiar
El artículo 16 de la Proclamación de Teherán declara: "Los padres tienen el derecho fundamental de determinar libre y conscientemente el tamaño de su familia y el momento de los nacimientos." © UN Photo
1. Sin discriminación
La información y los servicios de planificación familiar no deben restringirse por motivos de raza, sexo, idioma, religión, afiliación política, origen nacional, edad, situación económica, lugar de residencia, discapacidad y estado civil.
2. Disponibilidad
La información y los métodos anticonceptivos deben estar disponibles en cantidad y variedad suficiente para todos. Es un derecho humano, al igual que el acceso al agua potable, un saneamiento adecuado y un mínimo de atención médica.
La calidad del sistema educativo y la infraestructura de salud influyen en la disponibilidad de información y anticonceptivos. Los retos en estos servicios deben superarse porque son derechos fundamentales.
Mujeres asisten a una clase de planificación familiar en Pakistán en 1973. Cada persona tiene el derecho de acceder a la información sobre su cuerpo y su fertilidad. © UN Photo/B Wolff
3. Accesibilidad
Los países deben garantizar que los productos y servicios de planificación familiar sean accesibles físicamente y asequibles para todos.
4. Aceptabilidad
La información y servicios de métodos anticonceptivos deben proporcionarse de manera digna, respetando tanto la ética médica moderna como la cultura de las personas que reciben atención.
5. Calidad
La información sobre planificación familiar debe comunicarse claramente y ser científicamente precisa. Los productos anticonceptivos no deben haber expirado y ser suministrados por personal de salud calificado en un ambiente seguro e higiénico.
"Pensé que la planificación familiar era para personas casadas y no para niñas", dijo la enfermera Blessings Sonkhanani en Malawi en 2015. Fue entrenada para proporcionar información y atención sobre la salud sexual y reproductiva. "Ahora, sé que cualquier persona en edad fértil puede tener acceso a la planificación familiar", dijo. © UNFPA/Meaghan Charkowick
6. Toma de decisiones informada
La asesoría integral en materia de reproducción permite que cada persona tome decisiones informadas de forma independiente, sin presiones, coerción o tergiversación y rechaza opciones inapropiadas.
7. Privacidad y confidencialidad
Todas las personas deben disfrutar del derecho a la privacidad cuando buscan información y servicios de planificación familiar. Los trabajadores de salud deben estar capacitados para mantener la confidencialidad de este servicio.
Una partera ofrece consejería de planificación familiar en Camboya. Los trabajadores de la salud deben estar capacitados para preservar la privacidad y confidencialidad de los pacientes. © Nicolas Axelrod/Ruom para UNFPA
8. Participación
Los países tienen la obligación de garantizar la participación activa e informada de las personas en las decisiones que los afectan, incluidos los problemas de salud. Esto significa, por ejemplo, que las mujeres, principales beneficiarias de los servicios de planificación familiar, deben estar representadas en la elaboración de políticas para estos servicios. Los jóvenes deben ser incluidos en los esfuerzos para promover la educación sobre salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar. Las perspectivas de los grupos vulnerables y marginados deben integrarse en la prestación de servicios en las comunidades.
9. Responsabilidad
Los sistemas de salud, los sistemas educativos, los líderes y los legisladores son responsables de los esfuerzos para hacer realidad el derecho humano a la planificación familiar. Esto significa que las mujeres, los jóvenes y las poblaciones marginadas deben ser informadas de sus derechos y tener la oportunidad de obtener una compensación por su daño si se viola este derecho.
