Los trabajadores sanitarios y humanitarios enfrentan niveles de violencia récord: cinco razones por las que el mundo debe actuar

NACIONES UNIDAS, Nueva York – El año pasado se produjeron más de 1.500 ataques contra centros sanitarios. En esos ataques murieron más de 280 trabajadores humanitarios y al menos 750 trabajadores sanitarios y pacientes. Estas cifras no se acumularon en campos de batalla, sino en hospitales, en hogares, en vehículos que brindan atención médica vital, en espacios diseñados para ser seguros.

En 2023 murieron o resultaron heridos más trabajadores sanitarios y pacientes que en cualquier año anterior; un sombrío récord que el mundo va camino de batir en 2024. Los trabajadores humanitarios también enfrentan una violencia sin precedentes, con 172 muertos en lo que va de año. De Gaza a Myanmar, de Haití a Ucrania, los trabajadores de primera línea y las personas a las que están tratando de ayudar están siendo bombardeados, tiroteados, secuestrados, torturados y detenidos; todo mientras intentan hacer su trabajo.

Esta creciente ola de violencia en gran medida ha encontrado impunidad e inacción. A continuación analizamos cinco razones por las que el mundo debe salvaguardar urgentemente los centros sanitarios, a sus pacientes y a todos los que trabajan para ellos.

1. Los ataques contra los centros sanitarios, los profesionales de la salud y las personas que buscan atención médica son violaciones claras del derecho internacional humanitario

Para las personas en zonas de conflicto, los trabajadores humanitarios y sanitarios de primera línea son un auténtico salvavidas, a menudo el único. Atacar deliberadamente los centros sanitarios es una violación directa del derecho internacional humanitario que socava la salud y el bienestar de sociedades enteras.

Más allá de las muertes inmediatas e inaceptables de trabajadores y pacientes, el ataque a profesionales de la salud causa daños indirectos a largo plazo, especialmente en la situación en que se encuentran los sistemas de salud, ya de por sí frágil, puesto que se pierden citas médicas, no se realizan operaciones y, en última instancia, se pierden innumerables vidas por causas prevenibles.

En agosto de 2021, Mariza Ahmadi trabajaba como partera en la Casa de Salud Familiar de Ahangaran, en la provincia de Bamyan, cuando Afganistán se sumió en el caos tras la retirada de las tropas extranjeras del país. Entre los más afectados se encontraban el personal y las y los pacientes de los centros de salud públicos, muchos de los cuales cerraron o dejaron de funcionar debido a la falta de personal sanitario que pudiera desplazarse.

«Este centro sanitario no cerró ni un solo día durante esos momentos», aseguró la Sra. Ahmadi. «Yo también tenía miedo pero, si me iba, una madre o un bebé podrían haber muerto y todos nuestros esfuerzos por prevenir las muertes maternas y neonatales se habrían desperdiciado».

2. Atacar a los trabajadores sanitarios y humanitarios perjudica a las personas más vulnerables, como las mujeres embarazadas

Las guerras y los conflictos presentan una lista única de peligros para las mujeres embarazadas, ya que los centros sanitarios de los que dependen a menudo no pueden funcionar, sufren ataques o son inaccesibles. Para el personal sanitario, llegar a esos centros significa arriesgarse a detenciones, secuestros, lesiones y, cada vez más, a la muerte. En ningún lugar se ha producido esto de manera más cruda este año que en Gaza, donde el sistema de salud ha sido prácticamente destruido por más de 490 ataques armados contra hospitales, clínicas y ambulancias. Las mujeres se ven obligadas a dar a luz sin medicación, en condiciones inmundas y algunas completamente solas. Los recién nacidos mueren porque sus madres no pueden asistir a los controles prenatales o postnatales y, con una fracción de los suministros sanitarios críticos disponibles, las enfermedades pueden convertirse en mortales rápidamente. El Dr. Ragab trabajaba como ginecólogo y obstetra en el Complejo Médico Nasser en el sur de Gaza pero después de que fuera bombardeado instaló su consulta en una tienda de campaña en un campamento para personas desplazadas en Rafah. «Hay escasez de medicamentos importantes, como Clexane o heparina, que deberían estar disponibles para las mujeres y permiten salvar vidas», explicó al UNFPA en marzo. «Se supone que debo proporcionar estos medicamentos, pero no puedo».

3. Las supervivientes de violencia sexual no tienen dónde acudir

En situaciones de crisis, la violencia de género tiende a aumentar desproporcionadamente al tiempo que se desmoronan los mecanismos de protección para prevenirla y responder a ella. En Haití, donde las bandas armadas utilizan ampliamente la violencia sexual como arma, las denuncias de violaciones aumentaron en un 50% entre 2022 y 2023 a medida que el país se sumía en la catástrofe. Más de 500.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, lo que las deja aún más expuestas a riesgos de violencia pero con escaso acceso a los servicios sanitarios. Solo alrededor de una cuarta parte de las supervivientes de violación pueden acceder a servicios médicos y anticonceptivos de emergencia en el período crucial de 72 horas, y mucho menos buscar asesoramiento para el trauma físico y mental duraderos.

El sistema nacional de salud ya se encuentra en una grave crisis, los grupos armados interrumpen con frecuencia las rutas de abastecimiento y los centros sanitarios son objeto de ataques casi constantes, saqueando sus equipos e incluso ambulancias. La mayoría se han visto obligados a dejar de funcionar, el personal se encuentra ahora desplazado y alrededor del 40% de los trabajadores de la salud han abandonado el país, lo que ha generado una profunda escasez de personal para la atención esencial de la mayoría de los habitantes de Puerto Príncipe. El Dr. Batch Jean Jumeau, presidente de la Sociedad Haitiana de Obstetricia y Ginecología, describió las condiciones como «traumáticas… las personas son extremadamente vulnerables. [...] Desde el aumento de los ataques de pandillas hemos notado una alta tasa de embarazos precoces, particularmente en ciertos centros [de desplazados]».

4. Si no actuamos, esta violencia podría normalizarse

Desde abril de 2023 se han registrado 88 ataques contra la infraestructura de salud en Sudán y solo uno de cada cuatro centros sanitarios en las zonas de conflicto funciona a pleno rendimiento. Los profesionales de la salud llevan meses sin cobrar y muchos centros han sido ocupados, saqueados o atacados. Los que permanecen abiertos se están quedando sin sangre, sin equipos de transfusión, sin líquidos intravenosos ni suministros médicos. Estas historias son inaceptables; el mundo debe tratarlas de esa manera.

«Llegué al centro sanitario después de que se calmaran los combates, pero lo encontré destruido: no quedaban camas, ni equipos, ni suministros», recordó Hiba*, médico de la clínica Ardamata en El Geneina, en el estado de Darfur Occidental, en Sudán. Cuando funciona, la clínica proporciona apoyo en materia de salud sexual y reproductiva a unas 300.000 personas, pero después de que los grupos armados irrumpieran en ella el año pasado, los trabajadores sanitarios y humanitarios de la comunidad se comprometieron a prestar sus servicios puerta a puerta. «Visitamos a mujeres y niñas embarazadas en sus hogares», explicó Sara*, una partera. «Sin embargo, enfrentamos problemas de acceso y no pudimos manejar casos complicados. En el caso de algunas [mujeres embarazadas], tuvimos que realizar los partos en la calle».

5. Las ambulancias y los equipos sanitarios móviles son la única opción para muchas personas, pero también las más expuestas a la violencia

El hecho de que los trabajadores sanitarios no puedan ir a trabajar supone un colapso en la atención y la supervivencia de millones de personas, incluyendo, o especialmente, aquellas que viven en zonas remotas. Para estas comunidades, los equipos sanitarios móviles y las ambulancias pueden ser su única forma de acceder a cuidados como servicios vitales de maternidad, opciones de planificación familiar y apoyo contra la violencia de género. Sin embargo, en múltiples conflictos, los equipos y ambulancias son objeto de tiroteos, bombardeos, ataques con misiles, ataques con drones y saqueos.

Los equipos móviles de apoyo del UNFPA han funcionado bajo un fuego cada vez más intenso en los últimos dos años, incluso en Ucrania. «Camino al refugio de violencia doméstica [en Járkov], una fábrica cercana fue atacada», explicó la psicóloga Olena Kuznietsova. «Vimos humo y oímos gritos. Tuvimos que descender a una estación de metro cercana que se usa como refugio para bombas».

Un llamado a la acción

En 2023, el UNFPA prestó servicios de salud sexual y reproductiva a unos 14 millones de mujeres, niñas y jóvenes en situaciones de crisis, de los cuales 1,4 millones de mujeres recibieron apoyo para dar a luz de manera segura y millones de personas buscaron ayuda en más de 1.000 centros que ofrecen protección contra la violencia de género.

Sin la infraestructura y el personal necesarios para llevar a cabo estos programas de manera segura, las mujeres y niñas que ya enfrentan problemas para sobrevivir en medio de la violencia y la agitación apenas recibirían ayuda para hacer frente a las complicaciones del embarazo, lidiar con las brutales secuelas de la violación y sobrevivir a los horrores del matrimonio forzado, que ponen en peligro sus vidas aún más.

En un año marcado por conflictos despiadados, las crisis del mundo son tan prolongadas que corren el riesgo de caer en el olvido. Los lugares donde las y los enfermos, heridos y refugiados deberían vivir su proceso de sanación se han transformado en objetivos de guerra. Ante la escasa rendición de cuentas para quienes cometen estos crímenes, este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria viene con una advertencia para que los líderes tomen medidas y actúen en favor de la humanidad.