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Mujeres venezolanas abandonadas por el éxodo económico empiezan a sentirse seguras
- 26 Agosto 2019
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CARACAS, Venezuela – La crisis económica y política en Venezuela ha llevado a unos 4,2 millones de personas a salir del país en los últimos tres años. Aquellos que se quedaron, especialmente, los que viven en el interior del país, han experimentado el cierre casi total de muchos servicios públicos, incluidos la salud sexual y reproductiva y la violencia de género.
La demanda no satisfecha de anticonceptivos se estima en el 80 por ciento, a pesar de los esfuerzos del UNFPA, el Gobierno y organizaciones locales por abastecer clínicas de atención primaria por toda Venezuela. Y las mujeres embarazadas a menudo no pueden encontrar los cuidados que necesitan por la escasez de medicinas, las instalaciones colapsadas y los apagones.
Todos estos asuntos se ven severamente agravados por una escasez crítica de personal sanitario, especialmente aquel con formación en salud sexual y reproductiva.
Para ayudar a resolver estas necesidades, el UNFPA está apoyando talleres para entrenar al personal sanitario en salud sexual y reproductiva y para afrontar la violencia de género. Estos conocimientos pueden hacer una verdadera diferencia para el paciente, dijo José Gregorio Cuenza, un funcionario de salud en Páez, un municipio en el estado venezolano de Apure.
"Cuando los trabajadores sanitarios amplían y actualizan su formación, los más beneficiados son las personas que vive en las comunidades próximas," Cuenza declaró al UNFPA. "Ahora obtienen no solo los servicios básicos sino también orientación apropiada sobre cómo tratar asuntos tabúes como la salud sexual y reproductiva, el abuso sexual y la violencia de género."
Esto, explicó, capacita al personal sanitario para identificar de una mejor manera los casos de abuso y dar orientación para asegurar que los supervivientes sepan qué deben hacer y cómo conseguir los cuidados que necesitan.
"Ojalá los talleres se programaran con mayor frecuencia. Cada día examino a muchas mujeres maltratadas, la mayoría jóvenes. Es crucial aumentar la capacidad del personal sanitario en las clínicas para que puedan atender las necesidades de lasvictimas, apuntó Luz Marina Alejo, una médico forense de Apure.
Hasta ahora, 135 trabajadores sanitarios han recibido capacitación específica en violencia de género y en atención a enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. Otros 144 miembros del personal sanitario del sector público y ONGs han participado en los talleres sobre violencia de género, atendiendo a unos 3.500 habitantes de comunidades pequeñas a lo largo de las fronteras con Brasil y Colombia.
El UNFPA también está apoyando los esfuerzos del Gobierno y grupos locales por concientizar acerca de la violencia de género. Muchas mujeres y niñas migrantes temen abusos y explotación sexuales cuando viajan grandes distancias, a menudo solas, desde el interior hasta países vecinos como Colombia.
Se está distribuyendo información acerca de donde conseguir ayuda en centros comunitarios, mercados locales y estaciones de transporte público en Venezuela, donde las mujeres y niñas migrantes se ven especialmente vulnerables. La campaña, coordinada por el Fondo de Respuesta Central de Emergencias, aspira a combatir y prevenir la violencia de género en las regiones de Apure, Bolívar, Táchira y Zulia.
La campaña también está distribuyendo 10.000 kits de dignidad (que contienen productos sanitarios básicos como jabón y compresas) en zonas como Guánamo, un pequeño pueblo minero en el estado de Bolívar al sureste, donde a las mujeres les cuesta encontrar productos de higiene femenina desde que en 2015 estalló la crisis económica en Venezuela.
Martha, de 35 años, afirmó que los kits han sido decisivos.
“Ustedes no saben lo difícil que es para una mujer trabajar en esas minas, por lo general es muy difícil tener acceso a implementos sanitarios en un lugar como ese, donde se trabaja con el agua hasta la cintura", dijo.
El UNFPA asimismo ha estado trabajando en coordinación con el Gobierno para mejorar la implementación de la ley para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia con agencias como ACNUR y UNICEF. Estas agencias también están ayudando a establecer una red de espacios seguros donde los supervivientes pueden tener acceso a atención psicológica y asesoría legal, entre otros servicios.
Para el Dr. Leonardo de Abreu, médico ginecobstetra que trabaja actualmente como coordinador local de salud sexual y reproductiva en el estado de Miranda, los próximos pasos deben ser expandir la cobertura geográfica para afrontar el incremento de enfermedades de transmisión sexual. "La crisis humanitaria nos ha sacudido fuertemente. No es lo mismo contarla que vivirla", dijo.
Pero, matizó el Dr. de Abreu, "también esto nos ha hecho más recursivos y flexibles. Nos hemos adaptado para cumplirles a las personas de las comunidades y nos hemos quedado a trabajar por Venezuela, porque necesitamos ir más allá de la esperanza y actuar”.
– Liliana Arias