Las trabajadoras de la confección se organizan frente a la violencia de género

“Las trabajadoras de la confección pueden denunciar la violencia en el lugar de trabajo sin miedo a represalias”, afirma Thivya Rakini.

De acuerdo con Raikini, presidenta del Sindicato Textil y del Trabajo Común de Tamil Nadu (TTCU, por sus siglas en inglés), esto representa un cambio radical para miles de trabajadoras de la industria de la confección, en su mayoría mujeres jóvenes. Con más de 2.000 fábricas que emplean a 280.000 trabajadores, Tamil Nadu es el principal productor de hilo de algodón de la India, y abastece tanto a mercados nacionales como internacionales, incluidas conocidas marcas de moda. La mayoría de sus empleados son mujeres jóvenes, mientras que los directivos y supervisores son sobre todo hombres. Tanto la casta como la condición de migrantes de las trabajadoras de la confección, así como los esfuerzos de las empresas por evitar la rendición de cuentas por malas prácticas, agravan esta dinámica de poder desigual.

Los sindicatos se muestran reacios a afrontar cuestiones como la violencia de género o el acoso. “En Tamil Nadu, la industria de la confección está dominada por sindicatos dirigidos por hombres, y los directivos y altos cargos también son hombres. Los problemas de las mujeres nunca habían sido importantes”, afirma Nandita Shivakumar, asesora del TTCU. “Las demandas de las trabajadoras no eran exclusivamente salariales; pedían que el movimiento sindical velara por que las cuestiones de género formaran parte de la agenda central”.

“La fuerza de trabajo está compuesta en un 80% por mujeres”, explica Rakini, “el 60% de las cuales pertenecen a la comunidad dalit”, una casta marginada en la India. “Pero los directivos y jefes de línea son hombres de las castas superiores. No les gusta que una trabajadora dalit les diga que están haciendo algo mal. Les cuesta mucho aceptarlo”.

Frustradas ante la situación, las trabajadoras de la confección tomaron la decisión de empezar a organizarse, y de esta forma nació el TTCU. Es uno de los primeros sindicatos dirigidos por mujeres en Tamil Nadu, y además está dirigido por miembros de la comunidad dalit. El número de afiliados creció con rapidez y en la actualidad representa a más de 11.000 trabajadores. La confianza entre sus dirigentes y afiliados permitió al sindicato actuar con decisión cuando sucedió la tragedia: en enero de 2021 y tras meses de haber sufrido acoso sexual, Jeyasre Kathiravel, una mujer dalit afiliada al TTCU, fue asesinada por su supervisor en una fábrica de confección en Dindigul propiedad de Eastman Exports. Su muerte fue un punto de inflexión. Sus compañeras no solo exigieron justicia para Kathiravel, sino también un cambio sistémico para la protección de todas las trabajadoras de la confección.

“El caso de Jeyasre fue diferente porque sucedió en un pueblo donde el TTCU tenía una presencia sindical muy potente”, cuenta Shivakumar. “Las mujeres llevaban mucho tiempo en el sindicato. Tanto Jeyasre como su madre pertenecían al sindicato. Al tratarse de un pueblo y de unas circunstancias particulares, se levantó una gran ola de solidaridad y la tendencia generalizada a la autoculpa se disipó […]. Nos daban igual las consecuencias, estábamos dispuestas a luchar. Fue como el Me too de las trabajadoras de las fábricas”.

Su dolor y frustración alimentaron una campaña mundial ―“Justicia para Jeyasre”― que culminó en abril de 2022 con la firma del Acuerdo de Dindigul para eliminar la violencia de género y el acoso, un pacto histórico que recoge múltiples niveles de protección en el lugar de trabajo a través de un conjunto de disposiciones en torno a la cadena de suministro. El acuerdo cuenta con un sistema de controles y salvaguardas destinado a garantizar la rendición de cuentas por violencia de género y acoso en todos los niveles. Si la dirección no se adhiere a las disposiciones del acuerdo, los signatarios están legalmente obligados a imponer consecuencias comerciales a Eastman Exports para velar por su cumplimiento. Entre los signatarios figuran el proveedor, el TTCU y los aliados del sindicato, incluida la Asia Floor Wage Alliance y el Foro Internacional de Derechos Laborales (Global Labor Justice). También firmaron el acuerdo marcas internacionales de moda que compran prendas a las fábricas, como el Grupo H&M o Gap Inc.

Según relata Shivakumar, en la actualidad “hay mujeres en puestos de responsabilidad en cada línea de producción que ejercen labores de supervisión. Su posición les permite señalar incidencias sin sufrir represalias”.

Las repercusiones no se limitan al lugar de trabajo. Muchas trabajadoras de la confección en Tamil Nadu son migrantes domésticas que se alojan en residencias concertadas con las fábricas y utilizan autobuses también concertados. Tanto las residencias como los autobuses eran entornos de explotación. “Los conductores acosan a las mujeres; les dicen que, a cambio de favores sexuales, las esperarán cinco minutos en caso de que se retrasen”, afirma Shivakumar. Antes, los empresarios eludían cualquier responsabilidad. “Decían que se trataba de servicios contratados, que no eran de su competencia”.

El Acuerdo de Dindigul hizo frente a esta cuestión. “Hemos intentado que el acuerdo se aplique no solo a los lugares de trabajo, sino también a los autobuses que transportan a los trabajadores y a las residencias en las que se alojan, porque en los autobuses se producen muchas de estas situaciones. Ahora tenemos vigilantes en los autobuses”.

Un año después, los resultados del acuerdo han superado las expectativas incluso de sus promotores. Se han resuelto el 98% del total de las reclamaciones (Asia Floor Wage Alliance et al., 2023), incluido el 100% de las quejas relacionadas con la violencia de género y el acoso. Más de 2.000 trabajadores ―entre ellos, directivos superiores, personal de apoyo y contratistas externos― han recibido capacitación en materia de detección y prevención de abusos. El acuerdo también ha arrojado resultados positivos para los empresarios. En septiembre de 2022, se retiró a la fábrica de ropa de Dindigul de una lista de fabricantes vetados por los Estados Unidos de América por sospechas de trabajo forzoso, y el Acuerdo de Dindigul fue determinante en la toma de esta decisión.

“En cuestión de un año, hemos conseguido que los trabajadores entiendan que estamos de su parte”, cuenta Rakini. “Además, ahora los directivos superiores están aceptando que no solo apoyamos a los trabajadores y protestamos contra la dirección, sino que también actuamos a favor de la empresa”.

En la actualidad, el TTCU está en proceso de negociación para que estas protecciones se extiendan a otros proveedores, pero el sindicato tiene claro que cada nuevo acuerdo debe adaptarse a las necesidades de los trabajadores a los que da cobertura. “En cualquier caso, el acuerdo debe abordar los problemas locales de las trabajadoras. Esa es la lección que hemos aprendido”, confiesa Shivakumar. “Ahora necesitamos hacer extensivo el acuerdo a más lugares para que estas protecciones estén disponibles en todas las fábricas y se conviertan en la norma. Es nuestro deber”.