Los activistas comunitarios dan visibilidad a las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas

Aunque su madre desapareció en 1999, Carolyn DeFord tuvo que esperar hasta 2011 para aprender el término que describe el complejo duelo que vivía desde entonces: pérdida ambigua.

“Te sientes atascada, no puedes seguir adelante, y el desconcierto es constante”, confiesa DeFord, que es miembro de la tribu Puyallup en el estado de Washington y miembro de la junta directiva de la organización Mujeres Indígenas Desaparecidas y Asesinadas de los Estados Unidos de América (MMIWUSA, por sus siglas en inglés). “He imaginado una y otra vez todo lo que pudo ocurrirle a mi madre, he contemplado todas las posibilidades”.

Cada año, miles de personas indígenas en los Estados Unidos sufren esta sensación de impotencia cuando se declara desaparecidos a sus familiares. La tasa de asesinatos de mujeres indígenas que viven en reservas puede ser hasta 10 veces superior a la media nacional (Urban Indian Health Institute, 2018), lo que posiciona al asesinato como la tercera causa de muerte entre las mujeres indígenas. Aunque estas estadísticas ya son desoladoras de por sí, existen enormes lagunas en los datos, lo que significa que es probable que las cifras se hayan subestimado. En 2016, el Centro Nacional de Información sobre la Delincuencia informó de 5.712 casos de mujeres y niñas indígenas de los Estados Unidos y nativas de Alaska desaparecidas; ese mismo año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solo registró 116 casos en su base de datos de personas desaparecidas.

La falta de presentación de denuncias, los errores de clasificación por motivos raciales y las relaciones deficientes entre los responsables de la aplicación de la ley y las comunidades nativas son factores que favorecen la carencia de datos fiables (Urban Indian Health Institute, 2018). La maraña jurisdiccional solo agrava el problema. En 1978, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que las naciones tribales ya no podían procesar a los no nativos que cometieran delitos contra nativos en tierras tribales. En consecuencia, cuando una persona indígena es víctima de un delito violento, deben determinarse las identidades nativas o no nativas de la víctima y de los agresores, el lugar donde se ha cometido el delito ―dentro o fuera de la reserva―, y la naturaleza y gravedad del acto, antes incluso de saber qué autoridades asumirán la gestión del caso.

Muchas personas consideran que los agresores han sabido aprovechar esta ambigüedad para atentar contra las mujeres y las niñas indígenas. “Necesitamos jurisdicción sobre los delitos que se cometen en nuestra tierra. Somos naciones dentro de naciones, naciones soberanas en el seno de una nación, y apenas tenemos capacidad para proteger a los nuestros”, lamenta DeFord.

Las familias de las personas desaparecidas y los activistas nativos aseguran que, incluso en los casos en los que se abren investigaciones, estas no se llevan a cabo con el debido rigor. “Da la sensación de que todo el mundo intenta pasarse la pelota porque nadie quiere ensuciarse las manos”, explica DeFord. “No digo que sea así, pero es lo que parece”.

En 2013, la reforma de la Violence Against Women Act (VAWA) ―ley relativa a la violencia contra las mujeres― restableció la jurisdicción penal de las tribus sobre los individuos no nativos que cometieran delitos de violencia doméstica en tierras tribales. En la reforma más reciente, de 2022, se amplió la lista de delitos que pueden juzgar las naciones tribales para incluir la violencia sexual, la trata sexual y el acoso, entre otros. La Dra. Luhui Whitebear, profesora de Estudios Indígenas en la Universidad Estatal de Oregón y miembro de la junta directiva de MMIWUSA, asegura que, en la actualidad, las naciones tribales cuentan con acceso a una nueva gama de herramientas para proteger a sus comunidades de cualquier amenaza. No obstante, las reformas legislativas tienen sus límites. “La gente piensa que ya está todo hecho, pero no debemos cantar victoria”.

Whitebear señala que la reforma de 2022 de la VAWA no ampara a todas las naciones tribales, solo a las reconocidas federalmente. Esto significa que la ley no tiene en cuenta a naciones como la de Whitebear, la Banda Costera de la Nación Chumash. Por otra parte, está también la cuestión de los recursos, ya que las tribus rara vez tienen acceso a financiación o están suficientemente capacitadas para llevar a cabo investigaciones exhaustivas.

Organizaciones comunitarias como MMIWUSA están interviniendo para ayudar. A menudo, lo que más necesitan las familias cuando desaparece un ser querido son cosas básicas: un billete de avión, personas sobre el terreno para realizar búsquedas, o dinero para contratar a una niñera que cuide de los niños cuyos padres han desaparecido. “Agradezco mucho que haya personas que dediquen tanto tiempo a buscar a otras personas sobre el terreno o al diseño de carteles de personas desaparecidas, porque a veces las familias tienen que elegir entre cenar o salir a buscar a un ser querido desaparecido, ya que no reciben ningún tipo de apoyo. Por eso es fundamental que las organizaciones puedan aportar recursos a estas búsquedas”, explica Whitebear.

Otro de los aspectos cruciales es acabar con los estereotipos sobre los pueblos y las comunidades indígenas. “Desnormalizar la explotación de los cuerpos de las personas y la idea de que somos desechables sería de gran ayuda”, afirma Whitebear. “En mi opinión, lo importante para erradicar la violencia contra las mujeres indígenas es entender que no es solo una cuestión indígena. Es un problema que nos afecta a todos”.

En los años transcurridos desde la desaparición de su madre, DeFord ha aprendido a asumir el dolor y a utilizarlo para ayudar a otras familias que tratan de encontrar respuestas: “Ha sido muy sanador compartir mi historia, poder usar mi experiencia para ayudar a otras personas, igual que otros activistas me ayudan a mí”, comenta. “Tener la oportunidad de contribuir a esta labor y a que las familias puedan cuidar de sí mismas y estar donde se sientan más útiles ha sido muy enriquecedor. He sentido que esta horrible y traumática experiencia no ha sido en vano. Poder usar todo esto para ayudar a otras personas al menos me hace sentir que todo tiene un propósito”.

Los activistas locales también están ayudando a reformar las leyes. “Algunas de las primeras leyes del país se aprobaron aquí”, afirma DeFord, “y fue gracias al clamor de la comunidad, de las familias que testificaron y compartieron nuestras historias y frustraciones, y expresaron nuestras necesidades”.